Mercado laboral y políticas educativas y formativas

El documento de trabajo del staff de la Comisión, Informe España 2015, continua su análisis de las relaciones entre mercado laboral y políticas educativas y formativas.

Los beneficios de la incipiente recuperación del empleo han beneficiado solo de manera marginal a los grupos más desfavorecidos, como los jóvenes y las mujeres. Sin embargo, el desempleo continua afectando a los jóvenes que tienen un bajo nivel formativo, 60,4% en el cuarto trimestre de 2014 en tanto que las mujeres han visto crecer la tasa de actividad hasta el 50,1% en el mismo período como consecuencia de una mayor utilización de los contratos a tiempo parcial, consecuencia de la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar.

Los nuevos contratos, en particular a los jóvenes, han incorporado una parte sustancial del ajuste que se ha producido en los salarios. Entre 2008 y 2013 el primer salario de los contratos a tiempo completo realizados ha disminuido en términos reales un 17% para los hombres y un 13% para las mujeres. Para los trabajadores a tiempo parcial el descenso producido es aun mayor, un 23% entre los hombres y un 16% las mujeres.

La pobreza continua afectando al 10,5% de la población laboral, particularmente las mujeres, los menos cualificados y los trabajadores temporales. La tasa de pobreza de los que trabajan es mayor, de forma más intensa para las familias monoparentales.

El autoempleo ha mantenido niveles similares a 2013, gracias al uso creciente de incentivos. El gobierno ha aprobado una extensión de los beneficiarios de la ayuda a los emprendedores autónomos y a los que han creado empleo para jóvenes menores de 30 años.

La movilidad geográfica de los trabajadores se mantiene relativamente baja y concentrada en grupos concretos, particularmente los jóvenes y emigrantes.

La modernización del servicio público de empleo sigue siendo insuficiente y mantiene un conjunto de riesgos negativos para la implementación de las políticas activas. Es cierto que se han dado una serie de pasos en la dirección de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, en la línea de modernización y más presupuesto. Se ha apostado igualmente por una mayor coordinación entre el estado y las Comunidades autónomas orientada a facilitar la evaluación. También a la creación de un catálogo de servicios comunes para las políticas activas de empleo, de manera especial el portal de empleo que ha estado operativo desde julio 2014. La cooperación de los servicios públicos con las agencias privadas también se ha visto reforzada con 30 millones de euros. A pesar de ello, subsisten las ineficiencias administrativas en este ámbito de la cooperación privada y pública, no existen planes concretos de evaluación del sistema, la reducción de plantilla ha impedido proporcionar a los usuarios servicios de orientación a medida, lo que puede haber tenido un impacto negativo en la implementación de la Garantía Juvenil.

El sistema nacional de Garantía Juvenil necesita demostrar su efectividad para estimular el empleo joven. Establecido en julio 2014, casi 365.000 personas se han beneficiado de sus acciones. Pero existe el problema asociado al número limitado de candidatos que se han inscrito para participar en el programa. Los sistemas de educación y formación, con los servicios de empleo, a nivel regional, siguen sin establecer procedimientos comunes para abordar sus actuaciones, con los retrasos en la implementación de la Garantía juvenil.

El contrato de formación y aprendizaje experimentó resultados muy positivos en 2014. Con un aumento del 31,8% entre 2013 y 2014, 33.763 contratos.

La reforma del sistema de formación profesional, que promueve la unidad de mercado en los servicios de formación, está en camino. Se apuesta por la formación con inserción, y por asignar los recursos financieros por medio de competencia y con criterios de orientación sectorial y de calidad para los cursos. Se trata de una reforma en curso, que sigue sin ver la luz, pero que resulta esencial para situar el sistema en condiciones de modernidad y eficacia.

El abandono escolar temprano y el desajuste entre los programas educativos y de formación con el mercado laboral continúa siendo uno de los principales retos a afrontar por el sistema de educación y formación en España.

El descenso en el abandono escolar temprano puede atribuirse, entre otros factores, a la efectividad de los programas regionales específicos. El nacimiento de la FP Básica viene a atender este objetivo, apostando por más flexibilidad en las trayectorias educativas y una apuesta por la calidad. Hasta la fecha solo 9 Comunidades autónomas han apostado por el modelo, con una baja tasa de matriculación en el nuevo modelo, de 34.684 alumnos.

El bajo niveles de cualificaciones básicas tiene un impacto negativo sobre la calidad de la educación y permanece como un obstáculo para la mejora de las oportunidades de empleo de los más jóvenes.

Para hacer frente al desarrollo de las cualificaciones, la implementación de la nueva ley orgánica de mejora de la calidad de la educación durante el presente curso escolar, será crucial.

Se han hecho algunos progresos en relación al aumento de la relevancia de las cualificaciones laborales por medio de actuaciones de nivel secundario en el aprendizaje a lo largo de la vida. La participación en la FP ha aumentado un 12% en un año y casi un 30% en dos años, destacando el interés por la formación dual. Sin embargo, continua sin establecerse un marco adecuado para el papel de los stakeholders en este nuevo modelo. Para determinar las cualificaciones, el Plan para el aprendizaje a lo largo de la vida que acaba de lanzarse, realiza una apuesta por la calidad de la formación.

España está desarrollando una Estrategia nacional de cualificaciones, dirigida por el MEC en colaboración con la OCDE.

La reforma de la educación superior anima a mejorar la excelencia, innovación, competitividad e internacionalización de las universidades españolas.

Pese a los avances recientes en el mercado laboral, un alto número de personas permanecen en riesgo de pobreza o exclusión social. Se estima la cifra en 12,6 millones de personas en 2013. España ha mostrado elevados niveles de desigualdad de la renta en la clasificación por países y el gap de la pobreza ha aumentado de manera destacada desde 2007. Los niños y los jóvenes adultos son los sectores más afectados por el aumento de la pobreza, en tanto que las familias monoparentales asumen un riesgo real.

El sistema de protección social permanece inalterado en términos de cobertura y eficiencia y muestra unos efectos redistributivos limitados en relación a los distintos grupos de renta. Como consecuencia del elevado desempleo, el número de familias sin ingresos ha alcanzado la cifra de 740.500 en el segundo trimestre de 2014, el doble que en 2008. El impacto de la protección social para reducir la pobreza ha sido muy limitado.

Se han hecho progresos limitados para asegurar una aproximación integrada entre la protección social y las estrategias de activación. Existe incertidumbre sobre la implementación efectiva de las actuaciones incluidas en el Plan Nacional de acción para la inclusión social 2013-2016 en lo relativo a itinerarios individuales de inserción y rentas, y lo que es peor, no se han realizado evaluaciones de las mismas.

Se han hecho avances limitados en el refuerzo de la coordinación entre empleo y servicios sociales para adaptar las políticas activas de empleo a los que están en riesgo y apoyar transiciones de la protección social al mercado de trabajo.

Finalmente, se han hecho progresos limitados en cuanto a la mejora de las familias que tienen hijos, con rentas más bajas, a pesar de algunas iniciativas modestas.

Fuente:

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL STAFF DE LA COMISION

Informe España 2015

COM(2015) 85 final

Bruselas, 26.2.2015