Informe de actualización del Programa de Estabilidad 2016 a 2019

Por su interés, AFEMCUAL publica las páginas del Informe de Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 relativas a “Medidas de mercado de trabajo y Seguridad Social”

“El fuerte crecimiento del empleo está siendo un factor clave para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Los efectos de las profundas reformas adoptadas en este ámbito están demostrando su importancia para la estabilidad presupuestaria y para la competitividad de la economía española.

Así, se perciben con claridad los efectos positivos de la estrategia de reforma para una profunda transformación del mercado de trabajo español que contribuya al aumento de la competitividad de la economía española, que se ha articulado en torno a tres ejes: ordenamiento jurídico laboral, políticas de activación y lucha contra el fraude.

También se aprecian los efectos favorables de las relevantes reformas en el ámbito de la Seguridad Social, con el factor de sostenibilidad, la reforma de la jubilación anticipada y parcial, la revisión de la regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión y las nuevas reglas de revalorización de las pensiones como principales medidas.

En cuanto al empleo, los cambios en el ordenamiento laboral han permitido superar la tradicional rigidez del mercado de trabajo. Los cambios de calado en la negociación colectiva, normativa de contratación y despido, flexibilidad interna, contrato a tiempo parcial o contrato para la formación y el aprendizaje, entre otros, han tenido efectos apreciables en la dinámica del empleo. Diversos estudios apuntan efectos positivos en la capacidad de la economía de crear empleo sin generar desequilibrios internos o externos, así como en la probabilidad de acceder al empleo indefinido, entre otros.

Estos cambios en la regulación laboral se han completado con un profundo proceso de modernización de las políticas de activación para el empleo, que implica una nueva arquitectura institucional en torno a la Conferencia Sectorial, la Estrategia Española de Activación y los Planes anuales de empleo, así como el desarrollo de nuevos instrumentos a disposición de la intermediación laboral y la formación.

A este respecto destaca especialmente la condicionalidad aplicada a los fondos repartidos a las CCAA para la ejecución de las políticas activas. Estos fondos se condicionan al resultado de la gestión medido a partir de una serie de indicadores que han exigido un esfuerzo de coordinación y mejora de la información que hace que en 2016 sea posible asignar un 70% de los fondos de acuerdo a la nueva orientación a resultados.

Este planteamiento se ha reforzado con la elaboración de una cartera común de servicios de empleo, el impulso a la colaboración de las agencias privadas de empleo, el programa de difusión de buenas prácticas o el funcionamiento del portal único de empleo.

Por otra parte, desde 2012 se ha incrementado sustancialmente la vinculación de las políticas activas y pasivas y el grado de exigencia en el cumplimiento y acreditación del compromiso de actividad. Asimismo, se han racionalizado algunos programas de protección en aras de la equidad y de su adecuación a las necesidades de los beneficiarios.

Finalmente, es necesario seguir mencionando los cambios de julio de 2012 en el diseño de bonificaciones, que se tradujeron en la eliminación de un buen número de incentivos menos justificados. Ello ha permitido disponer de un presupuesto más equilibrado en las medidas de impulso del empleo.

En el periodo 2014-2015, el impulso reformista en el ámbito del empleo ha continuado, combinando medidas de carácter estructural y coyuntural que, de forma directa o indirecta, tienen un importante impacto en la sostenibilidad presupuestaria, aunque no sea fácil de estimar con la necesaria precisión. En 2014-2015, las reformas en las políticas de activación para el empleo culminan la transformación de la arquitectura institucional en este ámbito, diseñada y puesta en marcha en estrecha colaboración con las CCAA.

Asimismo, se han introducido profundas reformas en el sistema de formación para el empleo en aras a una mayor eficiencia, transparencia y mejor seguimiento de resultados, contenidas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, que es plenamente aplicable en 2016. Con ella se establece un sistema de formación que acompaña a los trabajadores en su acceso, mantenimiento y retorno al empleo, así como en su capacidad de promoción profesional. Para ello, promueve la adquisición y actualización de conocimientos, lo que mejora las perspectivas de empleo estable y de calidad de los trabajadores, así como la ventaja competitiva de las empresas y de la economía española. El sistema busca anticiparse a las necesidades del tejido productivo y constituir un apoyo a la capacidad innovadora y competitiva de la empresa, a partir de unos recursos humanos de calidad, que permitan mejorar su productividad.

Por otra parte, durante 2015 se ha aplicado el Programa extraordinario de activación de desempleados de larga duración con cargas familiares, basado en un acuerdo con los agentes sociales y que estrecha la vinculación entre políticas activas y pasivas y da respuesta a la emergencia social del desempleo de larga duración. El Programa exige acreditar regularmente el compromiso de actividad y la búsqueda activa de empleo, como parte de la gradual transformación de las prestaciones y subsidios por desempleo hacia un modelo más equilibrado entre derechos y obligaciones.

Las medidas para acelerar la salida del desempleo mediante las políticas de activación se han completado con incentivos a la contratación indefinida. La contratación estable limita la excesiva rotación, que genera un elevado coste presupuestario y condiciona las expectativas laborales y vitales de los afectados. El impulso del empleo indefinido es por tanto crucial para la sostenibilidad fiscal. La tarifa plana de 100 euros, introducida en 2014, contribuyó a que ese año se firmaran un 19% más de contratos indefinidos que en 2013, la mayoría a tiempo completo.

El mínimo exento de cotizaciones de 500 euros para nuevas contrataciones indefinidas que generen empleo neto introducido en febrero de 2015 sustituyó al anterior y ha permitido mantener el fuerte crecimiento de la contratación indefinida, especialmente a tiempo completo. Su diseño concentra el esfuerzo presupuestario en los salarios más reducidos, ya que son los jóvenes, los parados sin formación y los desempleados de larga duración quienes tienen más dificultades para lograr una inserción estable. De esta forma se reduce el coste a la vez que se focaliza donde tiene un mayor impacto, limitando el efecto peso muerto.

Los dos años consecutivos de fuerte creación de empleo muestran los efectos beneficiosos de las reformas estructurales impulsadas desde 2012 en el ámbito del empleo. El proceso de modernización de los servicios públicos ya cuenta con una base sólida y nuevos instrumentos que contribuyen a incrementar la eficacia y a orientar el gasto a resultados.

Con este conjunto de medidas se da cumplimiento a la Recomendación del Consejo de 14 de julio de 2015 (CSR 3) en la que se recomendaba a España la adopción de medidas para aumentar la calidad y eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la búsqueda de empleo, así como racionalizar los regímenes de renta mínima y de ayuda familiar. En los años 2013-2015 es muy significativo el descenso de la aportación del Estado a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que pasará de 14.597,5M euros en 2014 a 3.937,4M euros en 2016. Se prevé que en 2018 no sea necesaria aportación alguna al poder hacer frente el SEPE a todos sus gastos mediante la recaudación de sus cuotas.

Por lo tanto, la aportación del Estado a los presupuestos del SEPE habrá disminuido un 82,50% entre el promedio 2013-2015 y 2016-2018. Esta evolución se deriva de que el gasto por prestaciones por desempleo ha descendido en un 31% de 2013 a 2015, en paralelo con el descenso del paro. Durante 2015, en media mensual, el 58% de las bajas en prestaciones por desempleo se ha producido por la colocación de las personas desempleadas y sólo el 30% por agotamiento o transcurso del período máximo de duración de la ayuda. En todo caso, el mayor impulso a la sostenibilidad presupuestaria son los más de 500.000 empleos creados en 2015 y la reducción del paro en más de 650.000 personas.

En el ámbito de Seguridad Social, destaca por sus implicaciones el paso del sistema de autoliquidación de las cotizaciones a uno de liquidación directa en el que la Tesorería calcularía las cuotas. El nuevo sistema se regula en la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y su uso de forma obligatoria por parte de empresas que se inició en febrero de 2015 se ha ido extendiendo paulatinamente a todas las empresas.

Además, en 2016 se ha introducido un nuevo complemento por maternidad para las mujeres que hayan tenido dos o más hijos y sean beneficiarias de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. El complemento va del 5% al 15% de la pensión según el número de hijos, en reconocimiento a la aportación demográfica a la Seguridad Social de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad, a la vez que se contribuye a reducir la brecha de género en pensiones.

Por otro lado, en diciembre de 2014 se publicó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades, reforzar los niveles de transparencia y eficiencia y contribuir en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Estas medidas ya tienen un impacto claro en la evolución de los costes del sistema y aseguran su sostenibilidad en el largo plazo ante el reto del envejecimiento.

El gasto en pensiones se prevé que crezca por debajo del 3% anual en el periodo de proyección, con una reducción del gasto en términos de PIB debido al impacto de las reformas realizadas en vigor desde 2013. La edad efectiva de jubilación ha venido aumentando paulatinamente pasando de 63,9 años en 2012 (antes de la reforma) a 64,1 en 2015 y se espera que continúe esta senda. Se contiene el crecimiento de la pensión media de jubilación desde el 3,5% de 2012 al 2,0% de 2015, mientras que una senda de inflación decreciente, que se hace negativa en 2014, ha favorecido un aumento del poder adquisitivo de las pensiones, al desvincular la revalorización directa de pensiones del índice de precios, y tener un aumento del 0,25% en cada uno de los años desde 2014 a 2016.

Por otro lado, a partir de 2014 las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores ocupados han evolucionado favorablemente cambiando de tendencia respecto a los ejercicios anteriores, pasando a crecer un 2,5% en 2014 y un 2,7% en 2015. Este crecimiento hubiese sido mayor sin las implicaciones que ha tenido una inflación negativa en la Seguridad Social, lastrando el crecimiento de los recursos, mientras que no se ha modificado la evolución de los gastos que han crecido muy por encima de la evolución de precios durante tres años consecutivos, y continúan haciéndolo en 2016. Asimismo, es preciso señalar que, gracias a los superávits acumulados por la Seguridad Social en el pasado, el sistema de pensiones cuenta con activos de reserva para atender necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas. Así, desde su creación en el año 2000, las sucesivas dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social han permitido contar, en diciembre de 2015, con 35.035 millones de euros según el valor de mercado (3,24% del PIB).

Sobre la sostenibilidad futura del sistema puede mencionarse que la Ley Presupuestos Generales del Estado para 2016, en su Disposición adicional octogésima quinta relativa a la separación de fuentes de financiación de las prestaciones de la Seguridad Social, establece que una vez formalizada la financiación de los complementos por mínimos de pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno avanzará en procurar la compatibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, para lo cual valorará las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener esta consideración.

Finalmente, debe destacarse que se ha aprobado la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La nueva Ley da un paso muy importante para avanzar hacia un nuevo modelo de organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, basado en su fortalecimiento institucional, mediante la constitución de un Organismo Autónomo que le dará mayor operatividad. Supone una profunda reordenación de sus estructuras con la creación, dentro del Sistema de Inspección, de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que dará continuidad al Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado en 2012 por el Consejo de Ministros. Además, para mejorar el control frente a los abusos en la contratación temporal y reforzar la actuación preventiva ante el grave problema de la siniestralidad laboral, se configura un nuevo Cuerpo de Subinspectores Laborales, que estará integrado por dos Escalas especializadas, racionalizando de esta forma su organización y favoreciendo el trabajo programado y en equipo.

La ordenación de la actividad inspectora se articulará a través de un Plan Estratégico, en el que se consignan las actuaciones prioritarias, cuyos objetivos e indicadores serán sometidos a una evaluación permanente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.