La reforma de la FPE y las PEAC: el gran salto adelante de la cualificación en España
Sin duda, no hay nada
mejor para el empleo que la formación. La formación crea empleo y
mejora las expectativas salariales de los trabajadores. También
aumenta la productividad de las empresas porque permite mejorar la
eficacia y la eficiencia de los procesos productivos. No en vano, los
gobiernos dedican una especial atención a las políticas de
formación, dotando a los presupuestos de recursos económicos para
atender tanto a las necesidades de los trabajadores de las empresas
como a las personas en desempleo que buscan un puesto de trabajo.
Los datos no admiten
dudas al respecto. Actualmente, un 35% de la población española
cuenta con un nivel alto de cualificación, pero sólo un 25% de la
población trabajadora alcanza un nivel medio de cualificación, en
tanto que el 42% restante el nivel de cualificación es bajo. Por
otra parte, datos de la Comisión Europea, indican que entre 2013 y
2025 se crearán en la Unión 20 millones de empleos de alta
cualificación. Es evidente, que la economía española, con sus
cifras actuales, no está preparada para este reto.
En España acaba de ver
la luz la Ley 30/2015, que supone la implantación de un nuevo modelo
de formación profesional para el empleo, cuyo objetivo más
importante, según el secretario de Estado de Empleo, Riesgo, en su
presentación en una jornada organizada por la APD, debe servir “para
trasladar la recuperación económica al empleo. Más empleo y de
mayor calidad”, al tiempo que “debe situar a la economía en una
mejor posición para aprovechar la recuperación y competir a nivel
internacional con el talento de nuestros trabajadores y la
productividad y calidad de nuestras empresas”.
La idea que la
formación puede contribuir a que una economía no tenga que competir
en salarios bajos, sino en talento, es bastante aceptada, ya que la
formación es un elemento esencial para aumentar la empleabilidad de
los trabajadores y su capacidad de desarrollo profesional.
La clave es cómo
hacerlo. Invertir en formación es necesario, pero no suficiente para
el éxito de esta apuesta que ha permitido, a algunos dragones
asiáticos, superar su atraso y convertirse en las principales
economías del mundo. La Ley 30/2015, que ha logrado un amplio
consenso en la regulación del nuevo sistema de formación
profesional para el empleo, fue aprobada con el acuerdo del 90% de
ambas Cámaras, Congreso y Senado. Ahora se tiene que aplicar. En
tales condiciones, tan importantes como la Ley serán los reales
decretos que regularán el desarrollo de la misma, cuya aplicación
debe servir para conseguir el objetivo antes formulado.
Es cierto que los
Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya recogen un incremento
de la partida para formación de 121 millones de euros, 5,8%,
superando los 2.200 millones de euros. La cantidad podría ser mayor,
pero en las condiciones actuales se acepta este esfuerzo
presupuestario.
Igualmente, la nueva
Estrategia Española de Activación para el Empleo fija entre sus
objetivos estructurales para el periodo 2014-2016 la mejora de la
calidad de la formación profesional para el empleo, convirtiéndose
en eje esencial de actuación de las políticas activas. La
Estrategia alimenta las políticas activas de empleo y por tanto, su
despliegue ordenado está siendo necesario en las condiciones
actuales.
También es cierto que
en los últimos cuatro años se ha introducido con éxito el modelo
de formación profesional dual. Desde la reforma laboral de 2012
hasta la actualidad, casi 400.000 jóvenes han iniciado una formación
dual a través del contrato para la formación y el aprendizaje. No
está mal, aunque existen todavía posibilidades de crecimiento para
esta modalidad que convive con las prácticas no laborales y las
prácticas en empresas que, hasta la fecha, han funcionado
razonablemente bien en nuestra estructura productiva.
Además, se debe
destacar el notable esfuerzo realizado para completar y actualizar a
las nuevas cualificaciones profesionales, el Repertorio nacional de
certificados de profesionalidad que se han convertido en el principal
avance de la reforma de la formación profesional, demostrando su
calidad y eficacia. El 64% de los desempleados que han participado en
la formación dirigida a la obtención de estos certificados han
encontrado un empleo a la finalización de la misma. El problema es
que si las cualificaciones profesionales también se actualizan, lo
mismo cabe esperar de los certificados y ojalá esta vez sea más
ágil y rápido el proceso.
También se destaca la
aprobación de la Orden de desarrollo del Real Decreto de
certificados de profesionalidad para la utilización de la modalidad
de teleformación o e-learning en la impartición de la formación
dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad. Hay
que superar los obstáculos que actualmente frenan el desarrollo de
la formación digital, con los cambios que se están produciendo en
este sector a nivel internacional.
Todos estos avances que
se han producido en los últimos años son significativos y están
contribuyendo a crear las bases de un nuevo modelo de formación
profesional para el empleo en España.
AFEMCUAL entiende, sin
embargo, que una pata fundamental para mejorar la cualificación de
los trabajadores y proceder de forma sostenible al éxito de la
inversión en formación por las empresas, es apostar de forma decida
por las Pruebas de Evaluación de la Competencia PEAC, que ya estaban
referidas en la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, y que sin embargo, han tenido un escaso desarrollo hasta
la fecha.
AFEMCUAL considera que
el espíritu reformista en que nos encontramos actualmente,
difícilmente podrá avanzar hacia los objetivos de empleo de calidad
y cualificado, si no se evaluación, reconocen y acreditan,
debidamente, los niveles de cualificación y competencias que tiene
la población laboral de este país, facilitando así la continuidad
del aprendizaje a lo largo de la vida y la máxima rentabilidad a los
esfuerzos personales y empresariales en materia de formación.
Las PEAC necesitan el
máximo respaldo institucional para su pleno desarrollo. No es un
problema de costes, porque los fondos se pueden detraer de otros
programas menos beneficiosos. Es un asunto que además, con el amplio
consenso alcanzado por la Ley, puede experimentar grandes avances por
medio de la cooperación de los agentes sociales y las organizaciones
empresariales.
AFEMCUAL entiende
necesario ese apoyo social. Nuestra posición en este asunto es
clara. Las PEAC son la pieza central del modelo, lo que permite a los
trabajadores alcanzar un reconocimiento parcial o total de sus
competencias por medio de la experiencia laboral. Una vez adquirido
ese nivel de competencias, es más fácil avanzar hacia niveles
superiores o concentrar el aprendizaje en aquello que realmente se
necesita, evitando tiempos perdidos, aburrimiento, desinterés y
pérdida de recursos económicos.
El gobierno tiene la
responsabilidad junto a las Comunidades autónomas y los agentes
económicos y sociales de dar un impulso a las PEAC. Ese es el gran
reto de la formación profesional para el empleo.
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