La activación para el empleo como política activa
¿Por qué no está
funcionando el Programa de activación para el empleo? La nueva ayuda
a los desempleados que agotaron la prestación concedida por las
Comunidades Autónomas desde comienzos de año no está dando los
resultados esperados. Aunque el programa estará vigente hasta abril
de 2016, empieza a existir una preocupación de que sus
resultados están muy lejos de lo que se pretendía conseguir.
El Programa se basa en
la combinación de una nueva ayuda, por importe de de 426 euros
mensuales durante un máximo de seis meses, con la obligatoriedad,
para su percepción, de un itinerario individual de formación a la
persona desempleada.
Los primeros resultados
confirman que la nueva ayuda está llegando a menos beneficiarios de los
previstos. Hasta el mes de abril tan solo 43.994 desempleados se
habían convertido en perceptores de la subvención. Las estimaciones indican que si se mantiene este ritmo hasta el final del programa en abril de
2016, solo habría alcanzado a 133.000 desempleados, apenas un
tercio de todo el colectivo de beneficiarios que esperaba el
Ejecutivo, estimado en unos 400.000.
Los resultados
decepcionantes han llevado a preguntarse por los motivos que
determinan un bajo nivel de ejecución. Las políticas activas de empleo, sobre todo las nuevas, necesitan un cierto período de tiempo para conseguir sus resultados. Más aún la activación que combina elementos pasivos y activos en su diseño.
La posición de los
sindicatos centra la responsabilidad principal en los requisitos que
se exigen para acceder a la ayuda, que se consideran muy estrictos.
Desde la Administración se insiste que el número de beneficiarios
guarda relación con la dimensión del desempleo, “y si no hay más
perceptores es porque a la hora de la verdad dicha realidad no lo
demanda”.
De ese modo, los
sindicatos han solicitado al gobierno que reduzca sensiblemente los
requisitos de modo que aumente el número de beneficiarios y así se
puedan gestionar con más facilidad los 1.000 y 1.200 millones de
euros previstos para ello.
Por otra parte, reducir esos requisitos podría llevar a efectos no deseados en cuanto a la consecuención de los objetivos planteados. No es una tarea fácil.
Los datos divulgados por el Ministerio permiten
constatar que la distribución de las ayudas no tiene un
perfil homogéneo entre todas las Comunidades autónomas, de modo que
Andalucía y Comunidad Valenciana han concentrado prácticamente la
mitad de los beneficiarios de las ayudas, mientras que estas regiones
suponen tan solo un tercio de los parados de larga duración,
aquellos que llevan más de dos años buscando empleo.
Esta dispersión territorial puede estar relacionada con la naturaleza del desempleo existente y su mayor ajuste a los requisitos del programa, pero igualmente puede deberse a una acción más proactiva por parte de los servicios públicos de empleo encargados de la gestión de las ayudas.
En cualquier caso, el perfil de
los desempleados que han ido accediendo a las ayudas, en términos de falta de formación o especialización laboral, es muy variado. Los datos confirman que, por ejemplo, un 71% de los perceptores de la ayuda no se han podido englobar
en alguna de las veinte actividades económicas que se ofrecen desde
las oficinas de empleo, lo que indica que carecen de profesión
concreta.
Hasta la fecha, la
concesión de estas ayudas no ha tenido los efectos esperados sobre la tasa de cobertura –que mide el
porcentaje de parados registrados que recibe alguna prestación
económica–; de hecho, no ha aumentado sino todo lo contrario: continua descendiendo. De acuerdo con los últimos datos disponibles,en el mes de abril, la tasa de cobertura quedó fijada en el 54,8% de los
parados registrados.
Desde la perspectiva de la acción de las políticas activas de empleo, no conviene olvidar que la estructura de las
ayudas al desempleo ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años. Así, las
prestaciones contributivas por desempleo (aquellas a las que se tiene
derecho tras un periodo mínimo de cotización de un año) han dejado
de ser las mayoritarias, posiblemente como consecuencia de la prolongación de la
crisis. Por el contrario, los subsidios asistenciales han
experimentado un aumento muy destacado. En términos de medias
anuales, el pasado año fue el primero en el que el número de
beneficiarios de los subsidios asistenciales (1.093.246) superó a
los perceptores de prestaciones contributivas (1.059.799).
No cabe duda que la estrategia de activación debe ser sometida a evaluación ya que se está a tiempo de introducir las modificaciones que mejoren su eficiencia e impacto. AFEMCUAL apuesta por ello.
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