La reforma de la FPE y las PEAC: el gran salto adelante de la cualificación en España


Sin duda, no hay nada mejor para el empleo que la formación. La formación crea empleo y mejora las expectativas salariales de los trabajadores. También aumenta la productividad de las empresas porque permite mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos productivos. No en vano, los gobiernos dedican una especial atención a las políticas de formación, dotando a los presupuestos de recursos económicos para atender tanto a las necesidades de los trabajadores de las empresas como a las personas en desempleo que buscan un puesto de trabajo.

Los datos no admiten dudas al respecto. Actualmente, un 35% de la población española cuenta con un nivel alto de cualificación, pero sólo un 25% de la población trabajadora alcanza un nivel medio de cualificación, en tanto que el 42% restante el nivel de cualificación es bajo. Por otra parte, datos de la Comisión Europea, indican que entre 2013 y 2025 se crearán en la Unión 20 millones de empleos de alta cualificación. Es evidente, que la economía española, con sus cifras actuales, no está preparada para este reto.

En España acaba de ver la luz la Ley 30/2015, que supone la implantación de un nuevo modelo de formación profesional para el empleo, cuyo objetivo más importante, según el secretario de Estado de Empleo, Riesgo, en su presentación en una jornada organizada por la APD, debe servir “para trasladar la recuperación económica al empleo. Más empleo y de mayor calidad”, al tiempo que “debe situar a la economía en una mejor posición para aprovechar la recuperación y competir a nivel internacional con el talento de nuestros trabajadores y la productividad y calidad de nuestras empresas”.

La idea que la formación puede contribuir a que una economía no tenga que competir en salarios bajos, sino en talento, es bastante aceptada, ya que la formación es un elemento esencial para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y su capacidad de desarrollo profesional.

La clave es cómo hacerlo. Invertir en formación es necesario, pero no suficiente para el éxito de esta apuesta que ha permitido, a algunos dragones asiáticos, superar su atraso y convertirse en las principales economías del mundo. La Ley 30/2015, que ha logrado un amplio consenso en la regulación del nuevo sistema de formación profesional para el empleo, fue aprobada con el acuerdo del 90% de ambas Cámaras, Congreso y Senado. Ahora se tiene que aplicar. En tales condiciones, tan importantes como la Ley serán los reales decretos que regularán el desarrollo de la misma, cuya aplicación debe servir para conseguir el objetivo antes formulado.
Es cierto que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya recogen un incremento de la partida para formación de 121 millones de euros, 5,8%, superando los 2.200 millones de euros. La cantidad podría ser mayor, pero en las condiciones actuales se acepta este esfuerzo presupuestario.

Igualmente, la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo fija entre sus objetivos estructurales para el periodo 2014-2016 la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, convirtiéndose en eje esencial de actuación de las políticas activas. La Estrategia alimenta las políticas activas de empleo y por tanto, su despliegue ordenado está siendo necesario en las condiciones actuales.

También es cierto que en los últimos cuatro años se ha introducido con éxito el modelo de formación profesional dual. Desde la reforma laboral de 2012 hasta la actualidad, casi 400.000 jóvenes han iniciado una formación dual a través del contrato para la formación y el aprendizaje. No está mal, aunque existen todavía posibilidades de crecimiento para esta modalidad que convive con las prácticas no laborales y las prácticas en empresas que, hasta la fecha, han funcionado razonablemente bien en nuestra estructura productiva.

Además, se debe destacar el notable esfuerzo realizado para completar y actualizar a las nuevas cualificaciones profesionales, el Repertorio nacional de certificados de profesionalidad que se han convertido en el principal avance de la reforma de la formación profesional, demostrando su calidad y eficacia. El 64% de los desempleados que han participado en la formación dirigida a la obtención de estos certificados han encontrado un empleo a la finalización de la misma. El problema es que si las cualificaciones profesionales también se actualizan, lo mismo cabe esperar de los certificados y ojalá esta vez sea más ágil y rápido el proceso.

También se destaca la aprobación de la Orden de desarrollo del Real Decreto de certificados de profesionalidad para la utilización de la modalidad de teleformación o e-learning en la impartición de la formación dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad. Hay que superar los obstáculos que actualmente frenan el desarrollo de la formación digital, con los cambios que se están produciendo en este sector a nivel internacional.

Todos estos avances que se han producido en los últimos años son significativos y están contribuyendo a crear las bases de un nuevo modelo de formación profesional para el empleo en España.

AFEMCUAL entiende, sin embargo, que una pata fundamental para mejorar la cualificación de los trabajadores y proceder de forma sostenible al éxito de la inversión en formación por las empresas, es apostar de forma decida por las Pruebas de Evaluación de la Competencia PEAC, que ya estaban referidas en la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional, y que sin embargo, han tenido un escaso desarrollo hasta la fecha.

AFEMCUAL considera que el espíritu reformista en que nos encontramos actualmente, difícilmente podrá avanzar hacia los objetivos de empleo de calidad y cualificado, si no se evaluación, reconocen y acreditan, debidamente, los niveles de cualificación y competencias que tiene la población laboral de este país, facilitando así la continuidad del aprendizaje a lo largo de la vida y la máxima rentabilidad a los esfuerzos personales y empresariales en materia de formación.

Las PEAC necesitan el máximo respaldo institucional para su pleno desarrollo. No es un problema de costes, porque los fondos se pueden detraer de otros programas menos beneficiosos. Es un asunto que además, con el amplio consenso alcanzado por la Ley, puede experimentar grandes avances por medio de la cooperación de los agentes sociales y las organizaciones empresariales.

AFEMCUAL entiende necesario ese apoyo social. Nuestra posición en este asunto es clara. Las PEAC son la pieza central del modelo, lo que permite a los trabajadores alcanzar un reconocimiento parcial o total de sus competencias por medio de la experiencia laboral. Una vez adquirido ese nivel de competencias, es más fácil avanzar hacia niveles superiores o concentrar el aprendizaje en aquello que realmente se necesita, evitando tiempos perdidos, aburrimiento, desinterés y pérdida de recursos económicos.

El gobierno tiene la responsabilidad junto a las Comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales de dar un impulso a las PEAC. Ese es el gran reto de la formación profesional para el empleo.



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