AFEMCUAL considera un
resultado poco favorable que tan solo una de cada tres compañías en
España haya realizado actividades de formación para sus empleados
en 2014 y que las empresas dejen sin invertir el 22% de los recursos
disponibles para la formación. Estos datos se desprenden del Informe
realizado por la Fundación tripartita sobre la gestión de la
formación en las empresas durante dicho año.
AFEMCUAL plantea
reflexionar sobre esta cuestión, sin duda relevante para la mejora
de la empleabilidad de los trabajadores, de la competitividad
empresarial y sobre todo, para hacer viable el objetivo del
aprendizaje a lo largo de la vida por el que apuesta “Europa 2020”.
Los datos facilitados,
que difunden algunos medios, cifran en 471.590 empresas, aquellas que
invirtieron en la formaron de sus trabajadores por medio de la
bonificación en la cuota a la seguridad social que pagan por
formación. Es decir, un 30% del total de las empresas inscritas en
la seguridad social. Además, por tercer año consecutivo,se ha
registrado un moderado descenso del porcentaje de empresas que
promueven la formación de sus empleados. Y, por último, siguen sin
gastar todo el dinero que disponen para el capital humano.
En términos
cuantitativos, el Ministerio recaudó en 2014 en concepto de cuota
para la formación que pagan empresarios y trabajadores, un total de
1.800 millones de euros. De ese importe, se asignaron 785,7 millones
de euros para la formación que imparten las empresas a sus
trabajadores que se bonifican por medio de descuentos en el pago de
cotizaciones del año siguiente. Además, se dejó sin invertir un
25% (198 millones de euros), un punto más que el año anterior.
Con los datos
disponibles, AFEMCUAL quiere analizar las razones que pueden explicar
por qué las empresas registran estos resultados tan deficientes en
sus planes de inversión en formación.
El primer problema es
el modelo de cofinanciación. En 2014, solo las empresas de hasta 10
trabajadores estaban exentas de cofinanciar sus acciones formativas;
mientras que las comprendidas entre 10 y 49 trabajadores debían
aportar el 10% del coste de los cursos; las que tienen de 50 a 249
trabajadores, el 20% y las de 250 o más, el 40%. De ese modo, según
el número de trabajadores asalariados, las empresas deben participar
en la financiación de los costes de formación, en una cuantía
mínima determinada.
Con esta distribución,
las microempresas de menos de cinco trabajadores que no tienen que
cofinanciar son las que invierten una mayor parte de los créditos
disponibles: en concreto alcanzan un 89%. Conviene tener en cuenta
que en este segmento de empresas, además, el sistema de bonificación
se sustituye por un crédito de 400 euros.
Los problemas del
modelo surgen cuando aumenta la dimensión de las empresas, y deciden
practicar la cofinanciación con los salarios de los trabajadores que
reciben la formación dentro de su jornada laboral. Existe una
opinión bastante generalizada que el coste no es suficiente para
cubrir toda la financiación que deben aportar. En estos casos, las
actividades formativas cuestan un dinero adicional a la empresa que
muchas no están en condiciones de aportar.
Por este motivo, las
empresas se muestran reacias a agotar todo el crédito que disponen,
porque en algunos casos, la cofinanciación implica que para obtener
50, es necesario aportar de fondos propios hasta 10, y eso supone un
coste excesivo para algunas empresas. De modo que el sistema, lejos
de incentivar la formación de los trabajadores, la frena.
Un segundo problema, de
no menor importancia, se refiere a que las empresas no desean poner
en conocimiento de la Administración, o la Fundación tripartita,
sus planes y estrategias de formación de los trabajadores,
básicamente por cuestiones de competencia. Algunas de estas empresas
se bonifican la formación transversal en idiomas, por ejemplo, pero
rara vez incorporan a estos mecanismos la formación específica de
su sector. La formación de los empleados, en muchas empresas, forma
parte de sus elementos diferenciales con los que conquista a sus
clientes. Descubrir esos mecanismos puede servir para perder su
liderazgo. En ese sentido, reducir los requisitos concretos de la
información relativa a las acciones formativas podría servir para
corregir esa desconfianza, pero en las condiciones actuales, no
parece que esta vaya a ser la opción de las autoridades.
Existe un tercer
problema que explica que las empresas no invierten todo lo que
disponen en formación de sus trabajadores. En este caso, se trata de
su incapacidad para justificar todo el gasto realizado. Por falta de
experiencia en la gestión económica de la formación, o un
desconocimiento de los procedimientos administrativos, una vez
culminado su plan de formación, cuando van a obtener la
bonificación, descubren que no cumplen con los requisitos para
recibir la financiación de la Administración. Este es un problema
que permanece a pesar de que el modelo lleva largo tiempo en
funcionamiento, y que no ha sido correctamente atendido por el sector
de la formación.
Los cambios
introducidos por la reciente Ley 30/2015 en materia de formación para
el empleo suponen expectativas favorables para el nuevo escenario de
la formación de las empresas. En concreto, la nueva norma cambia el
sistema de cofinanciación, en la medida que reduce de 10 a 5
trabajadores el límite que las empresas se encuentran exentas de
cofinanciar la formación. Esta decisión podría aumentar, de forma
muy significativa, el porcentaje de empresas que participan en la
formación de sus trabajadores.
Sin embargo,
en el lado negativo, por otra parte, en la nueva norma, se atiende a
la fijación de un sistema de módulos con precios mínimos por hora
de formación, de aplicación obligatoria a todas las empresas
–incluidas las más pequeñas– puede suponer que las empresas
lleguen a invertir incluso menos parte del crédito disponen. Algunos
opinan que estos indicadores homogéneos no son la mejor garantía
para impulsar la inversión en formación entre sectores y
actividades muy dispares.
En todo
caso, habrá que esperar a ver la influencia de estos cambios.
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