Amenazas para el paro juvenil y de larga duración
El informe de Perspectivas del Empleo
publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), plantea un posible endurecimiento del paro juvenil
y de larga duración. La organización estima que la tasa de paro
pasará del 7,1 % en el cuarto trimestre de 2014 (1,6 puntos más que
al inicio de la crisis) al 6,5 % al finalizar 2016.
De acuerdo con este estudio, unos 42
millones de trabajadores no tienen un puesto de trabajo en sus 34
países miembros el pasado mes de mayo, 10 millones más que antes de
que estallara la crisis. Las diferencias por países son muy
significativas, ya que mientras en la zona euro se mantenía por
encima del 11 % en promedio (y por encima del 20 % en Grecia y
España) en Estados Unidos se había situado por debajo del listón
del 6 % y del 4 % en Japón, Corea del Sur y Noruega.
El estudio señala que la tercera parte
de los desempleados (15,7 millones en total) se encuentran más de un
año en esa situación (un 57% de los cuales, más de dos años), y
que ese colectivo, en el que predominan las personas con baja
cualificación, ha aumentado eun 77,2% desde finales de 2007,
planteando un alejamiento del mercado laboral que a largo plazo
dificulta su reinserción.
Igualmente, los jóvenes figuran entre
los grupos sociales más castigados por el aumento del desempleo
desde 2007, en particular en países como Grecia, Italia y España,
en los que se ha incrementado de forma muy destacada entre los que ni
tienen empleo ni están formándose.
El estudio concluye que "las
perspectivas de evolución profesional a largo plazo se deciden, en
gran medida, en los diez primeros años de la vida activa".
Por otra parte, se destaca que los
trabajadores experimentados que perdieron su empleo durante la crisis
van a tener dificultades para reactivar su carrera, sobre todo porque
tendrán que pasar de algunos sectores en decadencia (como la
construcción o el manufacturero) a otros más dinámicos, en
particular los servicios.
Las diferencias de competencias explican en gran medida la variación de las
desigualdades salariales, que a su vez constituyen un factor
determinante en la brecha de los ingresos de las familias. Los
factores determinantes de los bajos salarios, a largo plazo, son las
deficientes competencias cognitivas, las modalidades atípicas de
empleo y las empresas poco productivas.
Ante esa situación, la OCDE reconoció
que un salario mínimo reduce el riesgo de unas remuneraciones
extremadamente bajas, aunque también indicó que hay que tener en
cuenta el eventual efecto negativo sobre el empleo que tiene la
regulación del salario mínimo.
Por este motivo, el organismo se
inclinó por establecer un salario mínimo más bajo para los
trabajadores muy jóvenes y sin experiencia, para favorecer su
entrada en el mundo del trabajo, y al mismo tiempo aconsejó su
revisión regular con "evaluaciones objetivas de su impacto
potencial sobre los empleos poco cualificados y las condiciones de
vida".
Y sobre todo, en lugar de pronunciarse
por un nivel ideal general de salario mínimo, señalo que éste
debe coordinarse con otros elementos de política social como son las
cotizaciones sociales, por ejemplo, bajarlas para los empleos poco
cualificados, o completarlo con otro tipo de prestaciones.
La organización aconsejó tres tipos
de medidas para mejorar las perspectivas de los trabajadores que
están en la parte más baja de la escala, empezando por dispositivos
de activación eficaces para conectar a los parados con empleos que
se ajusten a sus perfiles. Las otras son completar las competencias
de los trabajadores con bajas cualificaciones, y medidas directas
para reforzar la calidad de los empleos apoyando los salarios de los
trabajadores con bajas remuneraciones.
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