Presupuestos 2018 y políticas de empleo

Por su extraordinario interés, presentamos un resumen del texto referido a políticas de empleo del libro amarillo de los Presupuestos generales del estado para 2018 que acaban de ser presentados hoy 3 de abril. 

2.8 Fomento del empleo

La política de Fomento del empleo se dota con 5.716 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2017, 217 millones de euros más.

Este aumento responde, principalmente, al incremento en las partidas destinadas a financiar bonificaciones a la contratación, formación profesional para el empleo y oportunidades de empleo.

• De los créditos destinados a políticas activas de empleo, 3.327 millones de euros corresponden a actuaciones de inserción e incentivación de la contratación, de los cuales destacan 1.936 millones de euros que se destinan a bonificar la contratación de trabajadores desempleados.
• Otros 2.284 millones de euros son para actuaciones de carácter formativo.
• Por otra parte, 4 millones de euros para actuaciones de fomento de la economía social.
• Y, por último, 101 millones de euros para gastos de funcionamiento.

El crédito destinado a financiar bonificaciones a la contratación se incrementa en 110 millones de euros, como consecuencia de las mayores previsiones de gasto derivadas de la evolución económica y del empleo.

También a resultas del establecimiento por el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 de una nueva bonificación por conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento.

Esta nueva bonificación por conversión en indefinidos a jornada completa de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento tiene una cuantía de 250 euros mensuales durante 3 años y la empresa puede beneficiarse de ella por una sola vez.

Además, de los efectos de la conversión de reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones, en los supuestos de trabajadores por cuenta propia o autónomos o de contratación por parte de las empresas de trabajadores, inscritos en ambos casos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, establecida por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, al objeto de contribuir al fomento y mantenimiento de la contratación y a la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

En este ámbito de las políticas activas de empleo, el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

Para el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, que combina políticas activas de empleo y ayudas económicas de acompañamiento, atendiendo a su función protectora en el colectivo de desempleados que, no teniendo derecho a otras prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares u ostenten la condición de parados de larga duración, y que fue objeto de reactivación extraordinaria y por tiempo limitado por el Real Decreto-ley se dotan 75 millones de euros para 2018.

Dentro de los créditos destinados a orientación profesional y agencias de colocación se incluye la dotación por importe de 258 millones de euros para mantener en 2018 el Programa de Acción Conjunto para la Mejora en la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración, aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 2016, con la finalidad de mejorar la atención personalizada del colectivo de las personas paradas de larga duración, facilitando así su inserción en el mercado laboral.

Los créditos para actuaciones de carácter formativo alcanzan en 2018 la cifra de 2.284 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9% con respecto a 2017 (147 millones de euros), como consecuencia del aumento en los ingresos previstos por cuotas de formación profesional afectadas a estas actuaciones.

• De esta cantidad, 792 millones de euros se destinan a formación de desempleados.
• Otros 1.096 millones de euros a formación de ocupados (de los cuales, 661 millones de euros se destinan a financiar las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados).
• Unos 278 millones de euros a oportunidades de empleo y formación.
• Y finalmente, 118 millones de euros a flexibilidad: formación y recualificación.

Estos créditos permitirán la puesta en práctica de nuevas formas de gestión como el “cheque formación”, que se configura como una alternativa a las convocatorias de subvenciones, que acredite a los trabajadores desempleados, de acuerdo con su perfil, para realizar acciones formativas concretas dirigidas a mejorar su empleabilidad.

En este caso, el trabajador entregará el citado cheque a la entidad de formación seleccionada por él de entre las que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción establecidos para impartir la formación que, a su vez, sean seleccionadas por la Administración competente para formar parte del sistema de información y seguimiento específico que se desarrolle al efecto.

Para financiar las diferentes iniciativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, las comunidades autónomas que tienen transferida la gestión en materia de políticas activas de empleo dispondrán de 1.217 millones de euros.

Estos fondos se distribuirán en Conferencia Sectorial de acuerdo con lo previsto el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, en la asignación y seguimiento de estos fondos será de aplicación la Estrategia Española de Activación para el Empleo vigente en cada momento y, en particular, su distribución entre las comunidades autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Políticas de Empleo de cada ejercicio, así como el control y garantía de la máxima eficiencia en la utilización de dichos fondos.

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, acometió una reforma integral del sistema que garantiza el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia que precisa el mismo, a través de la garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables; la contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas; el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo y la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, tiene por objeto el desarrollo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.

En particular, tiene por objeto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de información y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, el Estado durante 2018 aportará la cantidad de 42 millones de euros para la realización de medidas que incrementen el empleo.

Por otra parte, se dotan créditos por importe de 2 millones de euros, destinados a facilitar la reinserción laboral de los trabajadores de determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía, y por importe de 11 millones de euros, para el desarrollo de políticas de fomento del empleo a través del programa “Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas”.

Las ayudas solicitadas al Fondo Social Europeo, que se prevé financien en 2018 acciones que inciden en el gasto en políticas ascienden a 425 millones de euros.

2.9 Desempleo

Los créditos destinados a atender la política de desempleo ascienden a 17.702 millones de euros, lo que supone una disminución del 3,4% con respecto a 2017. De este importe, 17.411 millones de euros se destinarán al pago de prestaciones y el resto, 291 millones, a gastos de funcionamiento. Esto supone una disminución del conjunto de las prestaciones por desempleo por importe de 616 millones de euros.

En este contexto, el gasto en prestaciones por desempleo experimenta el efecto positivo de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia laboral, que tiene su reflejo en la reducción de la tasa de paro, que en el cuarto trimestre de 2017 se sitúa en el 16,6%, con una minoración interanual de 11,2 puntos porcentuales.

Asimismo, el actual escenario macroeconómico del Gobierno contempla una reducción de la tasa de paro para 2018, situándola en el 15,5%.

La disminución del gasto en prestaciones por desempleo se explica por la mejora de la economía que se viene registrando en estos últimos años.

La política de desempleo se articula en dos niveles de protección:

a) Carácter contributivo, que se concreta en la prestación por desempleo. En el nivel contributivo, el gasto previsto asciende a 10.849 millones de euros, lo que permitirá dar cobertura a 674.950 beneficiarios.

b) Carácter asistencial, complementario del anterior, que comprende el subsidio por desempleo, la renta agraria, el subsidio SEASS, la renta activa de inserción, la ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo y la ayuda complementaria para favorecer la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El desglose en el nivel asistencial es el siguiente.

• El subsidio por desempleo (incluida la renta agraria) se dota con 4.186 millones de euros, con una previsión de 723.000 beneficiarios.
• El subsidio SEASS se dota con 600 millones de euros, con una previsión de 111.212 beneficiarios.
• La renta activa de inserción se dota con 980 millones de euros, lo que permitirá atender a 203.456 beneficiarios.
• La ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo se dota con 296 millones de euros, con una previsión de 102.634 beneficiarios.
• La ayuda complementaria para favorecer la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se dota con 500 millones de euros, con una previsión de 102.000 beneficiarios.

Mediante el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, se estableció un marco de actuación específico y extraordinario de carácter temporal dirigido a personas desempleadas de larga duración.

Este programa comprende políticas activas de empleo, actuaciones de intermediación laboral gestionadas por los servicios públicos de empleo con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo, y una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y vinculada a la participación en las mencionadas políticas activas de empleo, por un importe del 80% del IPREM durante seis meses. Este programa se prorrogó por un año por el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril.

En materia de empleo juvenil, todos los países de la Unión Europea acordaron una Recomendación sobre la Garantía Juvenil que tiene por objeto garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años (y en algún supuesto menores de 30 años) reciban una buena oferta de empleo, de educación continua o un periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados. Esto se complementa con una ayuda económica para favorecer la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la que se incluyen dotaciones en 2018 por importe de 500 millones de euros.

Esta ayuda de acompañamiento, que se percibe por una sola vez, se configura para jóvenes con baja formación que participen en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que se comprometan a iniciar y realizar una actividad formativa y, a tal efecto, comiencen una prestación de servicios mediante un contrato para la formación y el aprendizaje, y consiste en el 80% del IPREM durante la vigencia de dicho contrato con una duración máxima de 18 meses (36 meses en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%).

Por último, la renta activa de inserción (RAI) para atender al colectivo de víctimas de violencia de género, experimentará un aumento de más de 7 millones de euros, en línea con los compromisos que resultan del Pacto contra la Violencia de Género.